Crisis, Ajustes Presupuestarios y el Modelo Local Español (II).

Crisis, Ajustes Presupuestarios y el Modelo Local Español (II).

En el periodo 2000-2007 los presupuestos regionales de Madrid se caracterizaron por un carácter expansivo basado en un crecimiento medio del 9%. Este espectacular incremento se explica porque la economía madrileña estaba ligada a la construcción y a los servicios –juntos aportaban el 86,7% del PIB regional–, dos sectores que incentivan fuertemente la demanda interna y, en consecuencia, la recaudación de impuestos indirectos. Sin embargo, tal dependencia de sectores con poca o nula productividad ha dado lugar a un sistema económico especulativo e improductivo que ha sufrido con especial virulencia los efectos de la crisis económica y laboral. Cabe señalar, además, que el mencionado crecimiento se produjo a costa del debilitamiento del sector industrial, que en el mismo periodo creció de manera sistemática por debajo del ritmo de la producción estatal, representando el 10,5% del Valor Agregado Bruto (VAB) autonómico, frente al 14,5% del conjunto del Estado o el 21% del País Vasco.

En la etapa expansiva de la economía española, la Comunidad de Madrid presentaba unas características propias que configuraron un modelo de crecimiento “precario” que situó la expansión madrileña por debajo de la media nacional y provocó un “empobrecimiento” de los madrileños, que vieron caer su renta bruta en términos relativos a pesar de que, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), habían vivido una época de bonanza económica. El PIB por habitante en el periodo 2003-2010 creció en la Comunidad de Madrid un 21,9%, lejos del 36,1% del País Vasco y por debajo del 24% de media estatal. Esta tendencia ha hecho perder a la Comunidad de Madrid el segundo lugar en el ranking de PIB per cápita o riqueza por habitante, a favor de la Comunidad Foral de Navarra.

Desde el comienzo de la crisis, los ingresos de la Comunidad de Madrid, excluyendo los financieros que provienen del endeudamiento, han ido disminuyendo de manera alarmante. La recaudación de los impuestos ha menguado de manera acelerada en los presupuestos autonómicos: si en el año 2003 representaba el 85,10% de la recaudación, la estimación del año 2011 la sitúa en un 52,15%. La reducción del peso recaudatorio es, por tanto, del 33% en ocho años.

La política fiscal del Gobierno regional se ha caracterizado desde la primera legislatura por el impulso de regalos fiscales para unos pocos acompañado de una caída constante de la imposición directa (tramo autonómico del IRPF, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ITP...), al tiempo que la imposición indirecta aumentaba al abrigo del boom inmobiliario y del consumo. Los ingresos vinculados al sector inmobiliario (ITP y AJD) y al consumo (IVA) crecían una media del 15,8% anual y compensaban de sobra la desfiscalización que se estaba produciendo en la Comunidad de Madrid. En los años de “bonanza inmobiliaria”, por tanto, los ingresos extraordinarios no se aprovecharon para promover inversiones públicas necesarias, sino que se derivaron a sufragar los regalos fiscales.

La política fiscal del Gobierno regional se ha caracterizado por el impulso de regalos fiscales para unos pocos acompañado de una caída constante de la imposición directa,  al tiempo que la imposición indirecta aumentaba al abrigo del boom inmobiliario y del consumo. Los ingresos vinculados al sector inmobiliario y al consumo  crecían una media del 15,8% anual y compensaban la desfiscalización que se estaba produciendo. El Gobierno regional madrileño hace gala de haber “regalado” 18.500 millones de euros en sus ocho años de gestión. Sin embargo, esta política de regalos fiscales, solo  ha beneficiado apenas al 10% de los 3,3 millones de contribuyentes. Estas medidas fiscales dejan prácticamente libre de tributación a las grandes fortunas de la Comunidad de Madrid, incumpliendo así el artículo 31.1 de la Constitución española

La otra fuente de pérdida de ingresos públicos proviene del fraude fiscal que afecta a todo el Estado rompiendo el principio básico de igualdad ante la ley. En la estructura recaudatoria española se hace cada vez más evidente que la carga tributaria solo pesa sobre los asalariados, a través del IRPF. El impuesto de sociedades ha sido dinamitado por los sucesivos gobiernos centrales a través de desgravaciones y deducciones, perdiendo en 4 años un 63% de aportación a las arcas del Estado. Según la Agencia Tributaria, en el año 2011 los trabajadores, pensionistas y jubilados declararon en concepto de IRPF una media de 19.300 euros, mientras que profesionales o pequeños empresarios han declarado 8.700 euros.

La verdadera clave del fraude proviene, sin embargo, de las grandes fortunas, defendidas y asesoradas por bufetes de abogados especializados en ingeniería financiera. Se estima que estas grandes fortunas dejaron de declarar 42.000 millones de euros

Por otro lado, según un informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) realizado en  mayo de 2011, la economía sumergida mueve unos 245.000 millones de euros, el 23% del PIB, una cantidad que produciría unos ingresos de unos 38.000 millones de euros.

Manuel Llorente Palomares